Por : Alejandro Faya
Un proceso de gobernanza regulatoria exitoso debe cumplir cuando menos con tres requisitos: buena regulación, buen regulador y buenos procesos de ejecución. No hemos tenido nada de eso tratándose de los arreglos institucionales que rigen la radiodifusión y las telecomunicaciones, donde el Estado empoderó a los agentes económicos pero nunca guardó para sí las suficientes capacidades de vigilancia, supervisión, sanción y rectoría en general. Ante la incapacidad del Estado de garantizar condiciones sanas de competencia en sectores estratégicos, los resultados han sido sumamente gravosos en lo económico, político y social: en el caso de la televisión abierta, poca diversidad y calidad de contenidos, escasas vías informativas y altos costos de publicidad; en telecomunicaciones, baja penetración, mala calidad, inversión en infraestructura insuficiente y tarifas altas -en un país de muchos pobres- para prácticamente todos los servicios, principalmente la telefonía (fija y móvil), internet y banda ancha.
La iniciativa de reforma constitucional es el primer paso para cambiar esta nefasta situación y, por esa razón, merece un fuerte aplauso. La clase política está cerca de hacer historia y lograr lo impensable: sentar las bases constitucionales de un régimen regulatorio sólido que persiga agresivamente el interés general. Dos nuevos órganos constitucionalmente autónomos -Ifetel y CFCE- adquirirían «superpoderes» para ordenar mercados anómalos, incluyendo la eliminación de barreras a la competencia, el establecimientos de límites a la concentración, la desincorporación de activos o derechos, la regulación de acceso a insumos esenciales, la desagregación de redes y la imposición de reglas asimétricas. Lo anterior, además de medidas como el relajamiento de barreras a la inversión extranjera, la regulación convergente, la imposición de obligaciones de «must carry» y «must offer» a concesionarios y la licitación de nuevas cadenas nacionales de televisión. La iniciativa podría también, por fin, borrar esta absurda lucha del Estado contra sí mismo, donde el Poder Ejecutivo y Judicial se han venido anulando recíprocamente; ahora, contra las resoluciones de estos reguladores únicamente procedería el amparo indirecto ante jueces especializados, sin que se admitan suspensiones ni impugnaciones contra actos intraprocesales.
Si bien es cierto que el modelo de autonomía constitucional -para estos casos- puede resultar cuestionable por diversas razones, igual de cierto es que no se trata del único factor relevante y que importan más las atribuciones (sobre todo la manera en que éstas se ejerzan), procesos y recursos. Algunos de estos elementos ya están a la vista, mientras que otros deberán crearse y articularse. Para minimizar riesgos, será imperioso garantizar una armónica permeabilidad de los nuevos organismos con la Administración Pública y, como contrapeso a tanto poder delegado, intensificar los mecanismos de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas. Dada la acumulación de responsabilidades -sobre todo del Ifetel, que asumiría las facultades de competencia en materia de radiodifusión y telecomunicaciones- será también crítico dar cabal cumplimiento al mandato de dotar presupuestariamente a los organismos, así como de aprovechar capital humano de la más alta solvencia moral y profesional que sea capaz de asumir retos y dar resultados literalmente sobre la marcha. Por su parte, los jueces deberán ser especialistas no nada más de nombre, de tal manera que con sus criterios impriman en el mediano y largo plazos orden, certeza y coherencia al sistema, respetando al mismo tiempo el interés público y los derechos fundamentales de las empresas.
Hay muchas dudas y lagunas todavía, y es natural, pues no se supone que todo deba estar previsto en la Constitución (ya de por sí la iniciativa contiene bastante detalle). Las señales son alentadoras pero hay mucho que trabajar y recorrer en los terrenos legislativo, administrativo y judicial para hacer realidad una serie de añejas aspiraciones que ahora reconocería la propia Carta Magna. Por el bien del País, esperemos que así suceda.
Maestro en Derecho por la Universidad de Oxford, Maestro en Políticas Públicas por la Flacso y Profesor en la Universidad Iberoamericana
Fuente: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx
UDUAL Press 